Escuela de la Función Judicial

Instituciones del sector justicia y la academia analizan el impacto de la Inteligencia Artificial en el sistema judicial

En un esfuerzo por promover la modernización tecnológica, el Consejo de la Judicatura inauguró un conversatorio enfocado en las oportunidades y desafíos de la Inteligencia Artificial aplicada a la administración de justicia. Este encuentro se consolida como un espacio estratégico que reúne a instituciones públicas, el sector académico y profesionales del derecho para explorar cómo estas herramientas pueden optimizar y elevar la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano.

El evento facilitó el intercambio de experiencias interinstitucionales para reflexionar de manera crítica sobre los riesgos y las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. El objetivo primordial del debate se centró en la necesidad de definir y establecer criterios éticos, técnicos y legales sólidos que aseguren un uso responsable de la Inteligencia Artificial, garantizando en todo momento la protección ineludible de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El desarrollo del diálogo contó con la participación articulada de altos representantes del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública y la Universidad Internacional de La Rioja. Las exposiciones abordaron temáticas transversales y de alto impacto, tales como los fundamentos éticos de la tecnología en el derecho, la automatización de la gestión judicial, la influencia de estas herramientas en la jurisprudencia y la preservación de la equidad y el debido proceso en el acceso a la justicia.

Como resultado de este trabajo conjunto, el Consejo de la Judicatura fortalece su proceso de modernización institucional al recibir un sustancial respaldo académico y una transferencia de conocimientos fundamental para guiar su evolución tecnológica. Adicionalmente, esta cooperación interinstitucional permitió la canalización de programas de becas y apoyos de estudio destinados a potenciar el talento humano de los operadores de justicia, reafirmando el compromiso de las instituciones con la excelencia profesional y la mejora continua del servicio público.